El paro que desnudó al rey

El paro nacional ha resultado como ese cuento de Andersen sobre ‘El traje nuevo del emperador’, inexistente, pero que toda la corte dice admirar hasta que un niño grita que está desnudo. Aunque en nuestro caso se han caído los ropajes de toda la comarca.

Desnuda ha quedado gran parte de la sociedad civil, dividida entre la autodenominada ‘gente de bien’ y los indiferentes, sumidos en sus prejuicios racistas y de clase; desnudos los medios de comunicación que, en su mayoría, favorecieron la posición oficial; desnudas las fuerzas del orden que reprimieron a los manifestantes con una violencia innecesaria; desnudos los sindicatos y la CONAIE, divididos internamente y carentes de una propuesta política clara.

Pero no cabe duda que el Ejecutivo fue el que quedó más expuesto: usó un discurso antiterrorista para enfrentar militarmente la protesta social y buscó restar legitimidad política a los manifestantes, calificándolos de terroristas y delincuentes, con una práctica de control extremo de la sociedad.

A esa estrategia militar se une la propaganda gubernamental que desde la narrativa de la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia criminaliza la lucha social, mientras insiste en un discurso basado en el miedo social y la generación de odio entre agentes políticos.

La seguridad nacional se ha convertido en el único punto de la agenda gubernamental y mediática, pues justifica el control y la confrontación, el aumento del gasto militar, la presencia del ejército en los territorios, la exaltación de los agentes del orden como héroes, minimizar los ‘falsos positivos’ contra personas inocentes; al tiempo que los servicios estatales se van a pique.

Estas ideas no son originales, corresponden –punto por punto y con idéntica narrativa– a la ‘Política de Seguridad Democrática’ implementada por Álvaro Uribe en Colombia entre fines de los noventa y la primera década del siglo XXI, que también justificó los abusos de poder en nombre de ‘recuperar el orden’.

Pero en el caso ecuatoriano el tema es aún más grave que en Colombia porque aquí no hay guerrillas, ni paramilitares, ni extensos sembríos de amapola; así que para extender la militarización de la vida social el régimen se inventa un enemigo interno: ‘los violentos’, adjetivo usado para referirse a manifestantes (estudiantes, indígenas, empobrecidos) que reclaman por mejorar o, por lo menos mantener, sus condiciones de vida.

De ahí el peligro de la narrativa del supuesto ‘conflicto armado interno’, que deslegitima los reclamos por una sociedad más justa y tilda a los agentes políticos, de terroristas. En medio de las reformas al Estado que plantea el régimen, se percibe como una maniobra para quitar la palabra –y a veces hasta la vida– a los que no se alinean con las decisiones gubernamentales.