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A pocos días de volver a las urnas, convocados a la Consulta Popular, se ha inquietado el ambiente por las expresiones inoportunas del presidente Daniel Noboa, con respecto al probable traspaso de la atención médica que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Ministerio de Salud. 

Es una verdad inocultable que la crisis, que afecta desde tiempo atrás al Instituto, se agudiza cada vez más y que es indispensable que se tomen medidas urgentes orientadas a corregir las circunstancias que lo carcomen. También es cierto que el país necesita un manejo firme y decidido para ser enrumbado. El gobierno ha demostrado, en varias acciones, que está dispuesto a efectuar los cambios necesarios, aunque el costo político sea una pesada nube mal intencionada, que lo acecha. En este sentido, respaldamos las osadas ejecutorias del primer mandatario; pero discrepamos con la suspensión de la atención médica del IESS. 

El IESS oferta atención en salud en todos los niveles y ha sido, junto a las mejores universidades del país, con las que efectuó varios cursos de postgrado, el eje de la formación de cientos de profesionales de las más distintas especialidades, que han elevado el nivel científico de la atención médica a nivel nacional. 

En la actualidad el IESS cuenta con 12 hospitales, 86 dispensarios, 577 dispensarios del Seguro Social Campesino (SSC) y 380 dispensarios anexos.   

Los aportes de los empleadores (11.15%) y de los trabajadores (9,45%) suman un total del 20, 60% del salario mensual. Para salud se ha determinado el 5.71% del aporte; ese porcentaje lo cubre exclusivamente el patrono. 

El aporte para salud ha sido insuficiente, pues al IESS lo ha atacado la politiquería irresponsable, plagada de acciones populistas que socaban y atentan contra futuro institucional. Los trabajadores aportan para obtener, principalmente el seguro de salud, para ello, tanto empleadores, cuanto trabajadores, han cumplido con el pago de su cuota mensual, durante todo el tiempo en que se ha establecido la relación laboral. Apenas un 25% de ciudadanos están afiliados al IESS, un 75% carecen de esta afiliación. Se ha comprobado que de cada 10 pacientes que reciben atención médica del Seguro Social, apenas 3 son los que aportan, los otros 7 son subsidiados y atendidos gratuita e injustamente.  

Hay urgencia en salvar al IESS y, para lograr este objetivo, el gobierno está obligado a actuar con decisión y premura. No es dable mantener la obligación de atender gratuitamente a los familiares menores de 18 años, de los trabajadores, sin que exista una compensación adecuada. El peso económico de esta injustificada prestación es enorme. Por otra parte, apremia un estudio de los aportes de los campesinos, pues la contribución de $2,00 dólares del jefe de familia, que asegura a todo el conglomerado familiar, descapitalizan al IESS. Es indispensable buscar una retribución, con participación directa del Estado.  

No hay razón para que se entregue al IESS el tratamiento de enfermedades catastróficas o de alta complejidad que, conforme a la Constitución, es una obligación estatal. 

Además, la situación de los hospitales y centros de salud regentados por el Ministerio de Salud, es deficitaria, hay falta permanente de equipos, insumos y medicinas. Han existido episodios lamentables de carencia de alimentos para pacientes y para el personal que hace turnos asistenciales. Si estas deficiencias caracterizan a los hospitales públicos ¿cómo incrementar las obligaciones y funciones que, sin ser óptimas, son mejores en los centros del IESS? 

Cada vez se hace notoria la necesidad de la implementación de un sistema nacional de salud, en el que se dé prioridad a la atención primaria preventiva y se optimice la referencia de unidades menos complejas a centros más complejos, hasta llegar, en casos necesarios, a los hospitales de especialidad, dependientes de cualquier institución, con mecanismos altamente tecnológicos disponibles, con los cuales se pueden cruzar las cuentas por las atenciones que se brinden indistintamente en uno u otro centro.  

Concordamos con la idea presidencial de separar el seguro de pensiones del seguro de salud. Ese mecanismo es factible si se vuelve a estructurar, dentro del IESS, un seguro de salud independiente, con una Dirección Nacional de Salud, que esté al mismo nivel de la Dirección General del IESS (que se esforzará por financiar el seguro de jubilación y pensiones). Si a esta medida, planteada desde tiempo atrás, se suma la aplicación del Sistema Nacional de Salud, se conseguiría establecer la atención universal y se evitarían los problemas e interrogantes que se presentarían si se suprimiera la atención médica del IESS: ¿Cómo pagará el Estado al IESS por sus hospitales y centros de salud equipados y con múltiples insumos? ¿Cuál sería el futuro del nutrido personal que labora en los centros del Seguro? ¿Mejorará y ampliará la cobertura de la atención, si se la entrega al Ministerio de Salud? ¿Será justo que los 3.5 millones de afiliados aportantes subsidien las atenciones del resto de ecuatorianos? 

El Ecuador no se merece estar bajo la Constitución del 2008, que protege a delincuentes, por ello no es conveniente que el presidente Noboa ponga en la mesa de discusión este tema, que preocupa a los afiliados y pensionistas. La corrupción institucional debe ser combatida. La situación financiera necesita ser transparentada, hay premura en que las auditorías se actualicen, en forma efectiva, por auditores propios y no por empresas que se han declarado incompetentes, sin cumplir el cometido por el que fueron contratadas y que han prolongado las irregularidades que se han presentado al distorsionar las indispensables derivaciones de pacientes a prestadores externos, en los casos que ameritan, sin dar lugar a los abusos que perjudican a la economía institucional. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, El IESS, debe ser restructurado, pero no cercenado en perjuicio de sus dueños, los trabajadores públicos, los jubilados y pensionistas.


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