Los papeles de la democracia

En cada proceso electoral, los ecuatorianos solemos mirar con ansiedad el calendario, pero no siempre el documento que nos convierte en ciudadanos activos: la cédula. Este pequeño plástico, a menudo guardado entre facturas y recibos, es el puente que conecta al individuo con la vida democrática. Sin él —o sin su equivalente— la voz se apaga, aunque sea por un descuido burocrático.

El próximo 16 de noviembre, el país volverá a las urnas para responder las preguntas de la consulta popular y el referendo convocados por el Ejecutivo. Más allá del debate político que encierra este proceso —bases militares, reducción de asambleístas, financiamiento de partidos y la posibilidad de una Asamblea Constituyente—, el Estado debe velar por garantizar que nadie se quede sin votar por falta de documentos.

‘La cédula y el pasaporte no son simples credenciales. Son la expresión material de un derecho. Sin ellos, no hay participación; sin ella, la política se reduce a un espectáculo observado desde la barrera’.

Desde enero hasta finales de octubre, el Registro Civil ha emitido al menos dos millones de cédulas. No es un número menor. Implica logística y recursos. Los sábados de noviembre — 8, 15 y el mismo día 16— serán jornadas extraordinarias de cedulación.

En 48 agencias del país, se abrirán ventanillas para atender a quienes aún no tienen su documento o deben renovarlo. Un gesto de servicio público que, aunque parezca rutinario, sostiene la base de la participación democrática.

Hay un detalle que, por obvio, pasa inadvertido: los documentos caducados también sirven para votar. Mientras los datos y la fotografía sean legibles, el ciudadano mantiene su derecho. En tiempos de desconfianza institucional, este recordatorio es casi simbólico. La democracia no se detiene por un vencimiento administrativo. La identidad, en este contexto, trasciende la fecha impresa en un plástico.

El Estado, sin embargo, no solo entrega documentos. También debe asegurar que el ciudadano conozca dónde ejercer su voto. Hoy, más de 13 millones de ecuatorianos pueden verificar su recinto electoral en línea o mediante una llamada telefónica. Puede parecer un trámite menor, pero en un país donde la conectividad es desigual y la desinformación abunda, la transparencia en estos procesos define la legitimidad del resultado.

La cédula y el pasaporte no son simples credenciales. Son la expresión material de un derecho. Sin ellos, no hay participación; sin ella, la política se reduce a un espectáculo observado desde la barrera. Por eso, las jornadas de cedulación extraordinaria no son un favor del Registro Civil, sino una obligación del Estado con la democracia.

En democracia, el acto de identificarse, de constatar que uno pertenece— tiene un valor cívico profundo. El 16 de noviembre no solo se responderán preguntas sobre la estructura del Estado. También se pondrá a prueba la capacidad de cada ciudadano para ejercer un derecho que, a veces, se da por sentado.

De poco sirve discutir sobre constituyentes o reformas si la ciudadanía no tiene los medios básicos para participar. La democracia, al fin y al cabo, comienza con algo tan simple como un documento en regla. Y quizá ahí, entre sellos y ventanillas, se juega también una parte del futuro del país.