El crimen organizado controla territorios de Ecuador y les da una aparente ‘paz’; así opera
Written by admin on 01/12/2026
En un bar están moradores de una localidad de Carchi (norte de Ecuador), un disidente de las FARC y otros actores del crimen organizado. Todos conviven en una aparente calma y, de pronto, tras los efectos del alcohol, se produce una fuerte riña. Solo basta con que este segundo personaje exclame: “¡Se calman todos!”. No le hace falta levantar la voz ni sacar un arma para que todos obedezcan. Están en una ‘Isla de paz criminal‘. En localidades del país, las mafias avanzan de forma silenciosa, tienen el control, sin necesidad de una violencia visible.
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Crimen organizado en Ecuador más allá de los homicidios y la violencia visible
La lectura del crimen organizado en Ecuador, actualmente, se asocia a un indicador central: la tasa de homicidios. En 2025, el país cerró con un nuevo récord. Hasta el 19 de diciembre se contabilizaron 8 847, según cifras de la Policía.
Las autoridades atribuyen la escalada de violencia a la disputa de poder y territorio entre bandas. Ecuador registró 4 619 homicidios en el primer semestre de 2025, 47 % más que en 2024.
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Katherine Herrera Aguilar, experta en Defensa Nacional, comparte una investigación, cuyos resultados se recogen en ‘Islas de paz criminal: cuando el crimen organizado va más allá de la violencia visible en Ecuador’. Carchi fue un punto central en el levantamiento de datos.
En ese camino, Herrera presenció la escena del bar, que da cuenta de una realidad más profunda. En muchos territorios, especialmente en zonas fronterizas como la provincia del norte, la ausencia de violencia letal no es un sinónimo de seguridad, sino un indicador de la consolidación criminal y el poder.
Una isla de paz criminal es, justamente, un lugar donde las organizaciones delincuenciales no siempre necesita ejercer violencia visible para expandirse.
Ejemplos palpables de la expansión criminal
En el caso de una parroquia de Carchi, considerada una isla de paz criminal, durante décadas, los actores armados han ejercido una autoridad sin necesidad de elecciones. Además, establecen reglas, controlan el territorio y suplen funciones que corresponderían al Estado.
La experta, egresada del Centro William J. Perry de la Universidad de Defensa del Departamentode Estado de los Estados Unidos, detalla que esa aparente tranquilidad oculta una economía ilícita, vinculada al cultivo de coca en Colombia, la minería ilegal y otras actividades criminales. La baja violencia homicida coexiste con esa gobernanza paralela.
La paz en medio del delito
Esa parroquia, cuyo nombre no se revela por seguridad, está frente a un río limítrofe con el departamento de Nariño. Del otro lado, se pueden ver casas, fincas y personas del país vecino. A la par, como recoge la investigación, se distinguen plantaciones de coca de lado colombiano, campamentos de minería ilegal y presencia de actores ilegales que han tomado el lugar.
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En el sitio, el conflicto colombiano impactó directamente en la vida cotidiana. La presencia de disidencias de las FARC no solo influyó en el control territorial, sino en la generación de dinámicas económicas locales, al aumentar la demanda de bienes y servicios y ofrecer empleo ligado a actividades logísticas del cultivo de coca en Colombia.
La extracción de oro es una de esas tareas. El material se extrae en Ecuador y se procesa en Colombia, lo que hace que, además, se fuguen los bienes de Ecuador.
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De ahí, como reflejan testimonios recogidos en el estudio, la comunidad ve en estas dinámicas una forma de suplir necesidades e, incluso, de superación familiar.
“Mi hijo sí va a poder estudiar”. Esta es una de las frases que no faltan en la localidad. A la par, las organizaciones plantean reglas e, incluso, ofrecen protección. El crimen ha estado presente entre las familias por más de 50 años.
Tampoco se omiten frases como: “La minería (ilegal) ha hecho lo que ninguna autoridad ha hecho: traer plata a esta parroquia”. Hay niños que trabajan desde los 14 años.
Las necesidades cambian dependiendo del territorio. Empleo, salud, educación, vivienda, etc. Aunque, en la mayoría, estas coinciden.
La diferencia en las dinámicas delictivas
En provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, los homicidios suelen estar asociados a otros delitos urbanos como extorsiones, secuestros y venta de drogas, así como a enfrentamientos armados entre grupos de delincuencia organizada. Las provincias de la Costa concentran la mayor cantidad de homicidios en 2025.
De hecho, según datos del Ministerio del Interior, el Gobierno identificó un corredor delictivo. Este concentra el grueso de homicidios, justamente, en esas provincias.
La violencia se incrementa con la lucha de poder, sobre todo, tras las capturas de los cabecillas. En 2025, la Policía capturó a 20 objetivos de alto valor, con corte al 16 de diciembre. En algunos casos se trató de recapturas, tras la fuga.
Las operaciones se desplegaron de forma simultánea y estratégica en Manabí, Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana, así como fuera de las fronteras ecuatorianas.
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La dinámica es distinta en otro punto
Carchi presenta una dinámica distinta. Se trata de una provincia con bajos índices de homicidios, siendo la segunda provincia con menos muertes intencionales en el país.
La atención se centra en delitos como la minería ilegal, el contrabando de combustibles y mercancías, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y especies.
En este contexto, el crimen está más vinculado al control de recursos y a la circulación de economías ilícitas, y no a la violencia abierta. Este escenario refuerza la idea de que la amenaza del crimen organizado no debe medirse solo por muertes violentas.
¿Cuál es el camino?
Katherine Herrera remarca que, en muchos casos, la violencia cumple un rol instrumental y no constituye el objetivo final, pues sirve para proteger y expandir economías ilícitas.
De hecho, algunas estructuras criminales logran mayor productividad cuando operan con baja visibilidad, reduciendo riesgos mientras consolidan redes de lavado de activos, rutas logísticas y prácticas de normalización económica. Sin olvidar, a la par, que logran infiltrarse en instituciones públicas.
En este contexto, actividades como el narcotráfico, la minería ilegal o la trata de personas no siempre requieren violencia abierta para prosperar. Por el contrario, el uso excesivo de la fuerza puede incrementar costos operativos y judiciales.
Informe externo: Conflicto armado interno en Ecuador