Elección del fiscal general pone a prueba la confianza en Ecuador

La elección del Fiscal General del Estado entra en una fase decisiva. Este jueves se conocerá quiénes, de los 75 aspirantes, superan el primer filtro de admisibilidad. No es un trámite más. Es el punto en el que el proceso comienza a revelar su consistencia o sus debilidades.

Durante diez días, la comisión ciudadana revisó expedientes, contrastó requisitos y afinó criterios. Incluso realizó una segunda revisión antes de plazo. Ese esfuerzo, en teoría, fortalece el proceso. Sin embargo, la forma también importa. Reuniones breves, dinámicas poco claras y decisiones que se conocerán recién en bloque dejan dudas sobre la profundidad del análisis.

A partir de la notificación, los aspirantes tendrán tres días para pedir reconsideraciones. Luego vendrá otra evaluación en plazos igualmente ajustados. Así, el concurso avanza contra el reloj. Y cuando los tiempos se comprimen, el riesgo no es menor: la forma puede imponerse al fondo.

La designación del Fiscal General no admite ligereza. La Constitución fija requisitos formales: formación jurídica, experiencia, probidad. Pero el país necesita más que eso. Necesita una autoridad que entienda el peso del derecho penal, que respete sus límites y que actúe con criterio.

En ese punto, el debate de fondo sigue pendiente. ¿Se busca un operador político o un jurista? ¿Un gestor mediático o un conductor institucional? De esta decisión depende que la Fiscalía investigue con rigor o que actúe bajo presión.

El perfil que se requiere no se agota en títulos. Exige experiencia real en litigio, comprensión de las garantías y una trayectoria que se mida por la calidad de sus decisiones, no por exposición pública. Demanda capacidad de liderazgo. La Fiscalía no solo acusa: organiza, prioriza y define cómo se ejerce el poder punitivo del Estado.

Además, el manejo de la comunicación se ha convertido en un factor crítico. Informar no es lo mismo que instalar narrativas. Cuando la exposición mediática se adelanta a los procesos, se corre el riesgo de afectar la presunción de inocencia y desnaturalizar el rol institucional. Por eso, la rendición de cuentas se sostiene en hechos verificables, no en construcciones discursivas.

Sin embargo, el mayor desafío está en el entorno. El proceso ocurre en un contexto político marcado por desconfianza institucional. La integración incompleta de la comisión ciudadana y la necesidad de nuevos delegados evidencian fragilidades que no deberían existir en una designación de este nivel.

Por eso, más que una lista de admitidos, lo que está en juego es la credibilidad del proceso. Cada decisión debe ser explicable, verificable y coherente con la normativa. No basta con cumplir etapas. Es necesario garantizar que cada filtro responda a criterios técnicos y no a intereses.

El país no necesita un fiscal alineado. Necesita un fiscal independiente. Uno que entienda que el derecho penal es un límite al poder, no una herramienta para ejercerlo sin control.

Esta semana no se elegirá al Fiscal General. Pero sí se definirá algo igual de importante: si el proceso merece confianza.