Corte Constitucional avala reglamento para elegir Fiscal General

Ana Lucía Freire
La Corte Constitucional desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina contra la reforma al reglamento para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. La sentencia 29-26-IN/26, notificada el 19 de mayo de 2026, avala la legalidad del proceso realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

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Demanda contra la probidad notoria en abogados
La demanda buscaba derogar una disposición específica que permitía postular a profesionales del derecho, incluso si habían ejercido la defensa técnica de personas procesadas por delitos graves, como narcotráfico y crimen organizado. El accionante argumentaba que este aspecto podría contravenir el requisito de probidad notoria.
Análisis sobre el derecho a la defensa
En su fallo, la Corte Constitucional subrayó que el ejercicio de la defensa técnica es una función amparada por la normativa constitucional. El organismo estableció que patrocinar a personas vinculadas a delitos graves no implica un quebrantamiento de la probidad ni representa un conflicto ético que inhabilite a un abogado para ejercer cargos públicos.

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“Implicaría desnaturalizar el rol del abogado defensor y erosionar garantías constitucionales fundamentales”, señaló la Corte al advertir que sancionar esta práctica equivaldría a limitar indirectamente el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, pilares esenciales del Estado de derecho.
Legitimidad del proceso de selección
Además de pronunciarse sobre el ejercicio de la abogacía, la sentencia abordó los tiempos de la reforma. La Corte aclaró que las modificaciones al reglamento fueron introducidas antes de la convocatoria de la Comisión Ciudadana de Selección y de los postulantes, desvirtuando los cuestionamientos sobre la cronología del proceso.

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Con este dictamen, el procedimiento de selección liderado por el Cpccs mantiene su validez jurídica, permitiendo que la designación del próximo titular de la Fiscalía continúe bajo las reglas establecidas.

Informe extra: Corte Constitucional del Ecuador