¿Es suficiente la cárcel para quien inicia un incendio forestal?

Hay acciones que duran apenas unos segundos, pero cuyas consecuencias pueden extenderse durante horas y poner en riesgo a una ciudad entera. Prender fuego deliberadamente a vegetación seca es una de ellas. Quito acaba de recibir una señal importante de la Justicia: provocar un incendio forestal puede llevar a una persona directamente a prisión.

Un hombre fue condenado a seis meses de cárcel después de reconocer que, el 26 de agosto, esparció un líquido inflamable sobre hierbas y arbustos secos en San José de Monjas, junto a la avenida Simón Bolívar, y les prendió fuego. No se trató de una llama accidental ni de una quema que escapó de control. Según su propia declaración dentro del proceso, utilizó una sustancia inflamable para iniciar el incendio.

‘La condena deja algo que también importa en una ciudad amenazada por los incendios: la certeza de que detrás del fuego puede haber responsables y que encontrarlos, investigarlos y sancionarlos es parte indispensable de proteger a Quito’.

La sentencia tiene un valor que trasciende al condenado. Durante demasiado tiempo, los incendios forestales pueden ser percibidos únicamente como emergencias que corresponden resolver a los bomberos: aparece el humo, llegan las unidades, se combate el fuego y, cuando las llamas desaparecen, la ciudad continúa con su vida. Pero detrás de cada incendio provocado existe una responsabilidad que debe determinarse.

En este caso ocurrió. La Fiscalía presentó informes de investigación e inspección del incendio elaborados por el Cuerpo de Bomberos de Quito, además de una pericia para cuantificar el daño ambiental. El Municipio presentó la denuncia y el acusado reconoció los hechos. La Justicia impuso seis meses de prisión, una multa de 1 446 dólares y una reparación económica de 498,53 dólares para el Cuerpo de Bomberos.

La condena puede parecer pequeña frente al peligro que representa un incendio forestal. El Código Orgánico Integral Penal establece para este delito penas de uno a tres años de prisión. Sin embargo, el procesado se acogió al procedimiento abreviado y, al admitir su responsabilidad, la pena se redujo a un tercio de la mínima prevista.

Ese elemento jurídico no debería ocultar el mensaje principal: hubo investigación, identificación del responsable y cárcel. Es una señal necesaria.

Cuando alguien prende fuego a vegetación seca no controla lo que ocurrirá después. El fuego puede avanzar por una ladera y obligar a movilizar equipos de emergencia para impedir su propagación. Eso fue precisamente lo que ocurrió en San José de Monjas: los organismos de socorro tuvieron que intervenir para evitar que las llamas avanzaran hacia las laderas próximas a la vía.

También existe un costo que muchas veces permanece invisible. Cada incendio obliga a movilizar personal, vehículos y recursos públicos. Mientras los bomberos combaten un fuego provocado deliberadamente, esos mismos equipos podrían ser necesarios para atender otras emergencias. Por eso, perseguir judicialmente a quienes provocan incendios también forma parte de la prevención.

Quito necesita capacidad para apagar el fuego, pero necesita algo más: construir la certeza de que quien lo provoca deliberadamente deberá responder por sus actos. La prevención no depende solamente de campañas, recomendaciones o advertencias. También necesita consecuencias.

La sentencia de San José de Monjas establece un precedente práctico y comprensible para cualquier ciudadano: provocar un incendio forestal es un delito.

Seis meses de prisión no devolverán las horas de trabajo empleadas en combatir las llamas ni eliminarán el daño causado. Pero la condena deja algo que también importa en una ciudad amenazada por los incendios: la certeza de que detrás del fuego puede haber responsables y que encontrarlos, investigarlos y sancionarlos es parte indispensable de proteger a Quito.

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