El caso Las Malvinas entra en fase decisiva tras el cierre del juicio

El juicio por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad del sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, avanzó el lunes 15 de diciembre de 2025 hacia una etapa clave. El Tribunal dio por cerrada la fase de debate y anunció el inicio del proceso de deliberación.

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La decisión se adoptó luego de concluir todas las intervenciones, alegatos finales y la individualización de responsabilidades penales de los 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados en este caso, que se convirtió en uno de los más graves episodios de violaciones a derechos humanos atribuidos a agentes estatales en las últimas décadas en Ecuador.

El juez ponente, Jovanny Suárez Chávez, explicó que el Tribunal requiere un análisis integral del volumen probatorio incorporado durante el juicio, que se inició el 5 de noviembre de 2025 y se extendió por 15 sesiones a lo largo de casi seis semanas. Según indicó, la resolución podría ser condenatoria o absolutoria, de forma total o parcial, respecto de los procesados.

De manera oral, el Tribunal fijó como fecha preliminar para la lectura de la sentencia el lunes 22 de diciembre de 2025, a las 08:15. No obstante, se señaló que, si la deliberación concluye antes, el fallo podría comunicarse el jueves o viernes previos, lo que será informado por los canales oficiales de la Función Judicial.

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Fiscalía atribuye autoría directa y solicita penas agravadas

Durante la jornada, la Fiscalía concluyó la individualización de la acusación contra el subteniente John Henry Z. E., oficial al mando de la patrulla militar que interceptó a las cuatro víctimas la noche del 8 de diciembre de 2024. El fiscal Christian Fárez lo señaló como autor directo y principal responsable del delito de desaparición forzada.

Según el Ministerio Público, el subteniente ejerció dominio del hecho al impartir las órdenes determinantes del operativo, que incluyeron la detención de los menores, su traslado irregular a una zona rural y despoblada de Taura, la omisión de comunicación inmediata a autoridades civiles y la ejecución de un procedimiento incompatible con la ley, tratándose de niños y adolescentes.

La Fiscalía sostuvo que los testimonios y pericias evidenciaron agresiones físicas, disparos intimidatorios, desnudez forzada, ocultamiento de información y la entrega tardía e incompleta de informes oficiales.

Por estos hechos, solicitó una pena agravada de 34 años y ocho meses de prisión, una multa de 800 salarios básicos y una reparación simbólica de 10 000 dólares para las familias. La acusación particular pide una indemnización de 100 000 dólares.

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Alegatos finales y defensa del subteniente

La defensa del subteniente, a cargo del abogado Jorge Haz, cuestionó la configuración del delito de desaparición forzada y sostuvo que los menores fueron liberados con vida y fuera de custodia militar. Argumentó que la imputación fiscal desconoce el origen histórico de esta figura penal y rompe el nexo causal al atribuir responsabilidad por hechos posteriores que, según dijo, corresponderían a terceros.

Asimismo, la defensa puso en duda la credibilidad de los cooperadores eficaces, a quienes calificó de contradictorios e interesados en obtener beneficios penales. Finalmente, solicitó al Tribunal que ratifique el estado de inocencia del subteniente y descarte la imputación.

Fiscalía señala complicidad por encubrimiento posterior

En el mismo proceso, la Fiscalía individualizó la acusación contra el teniente coronel Juan Francisco I. M., procesado como presunto cómplice. El Ministerio Público le atribuyó actos posteriores que habrían contribuido a la consumación del delito, como ocultamiento de información, omisión de alertas inmediatas a autoridades competentes y manipulación de evidencias.

#AHORA | #CasoMalvinas: se reinstala la audiencia de juzgamiento contra 17 militares, procesados por su presunta participación en el delito de #DesapariciónForzada. Las partes procesales continúan presentando sus alegatos de cierre. pic.twitter.com/jP07ZdgsJg— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 15, 2025

Según la acusación, el oficial tuvo conocimiento de los hechos desde el 10 de diciembre de 2024, tras escuchar las versiones de los integrantes de la patrulla, lo que —según Fiscalía— activaba de forma obligatoria el deber de informar a la Fiscalía y a la Policía Nacional. También se mencionó la entrega de prendas de vestir a la Unase sin control fiscal previo y órdenes para estructurar versiones internas.

Con base en el artículo 43 del COIP, la Fiscalía solicitó para el teniente coronel una pena de siete años y cuatro meses de prisión, una multa de 800 salarios básicos y el pago de USD 10.000 por reparación simbólica.

Acusación particular apunta a omisiones críticas

La acusación particular, representada por la defensora pública Dina Reina, sostuvo que el teniente coronel incurrió en una grave inacción pese a conocer el riesgo en el que se encontraban los menores. Señaló que no activó protocolos como la Alerta Emilia ni desplegó mecanismos de búsqueda oportunos, pese a conocer el territorio y las dinámicas delictivas de Taura.

A criterio de la acusación particular, esta omisión vulneró el interés superior del niño y contribuyó a que los restos de las víctimas fueran hallados recién el 24 de diciembre de 2024, once kilómetros al sur de Taura.

Cooperación eficaz y pedidos de reducción de pena

El Tribunal también escuchó los alegatos relacionados con cinco militares que se acogieron a un mecanismo de cooperación eficaz.

Aunque la Fiscalía los mantiene como autores directos, solicitó para ellos una pena reducida de 30 meses de prisión, tras considerar corroborada la información aportada.

El fiscal recordó que existen audios, videos, pericias médico-legales y testimonios que acreditan agresiones físicas, disparos intimidatorios, traslados irregulares y abandono de las víctimas en una zona rural.

La defensa de los cooperadores pidió que la reducción se calcule sobre la pena mínima, lo que —según su interpretación— equivaldría a 26 meses de prisión.

Información extra: Caso Las Malvinas

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