La Fiscalía debe dar con los responsables de las redes de Jeffrey Epstein en Ecuador
Written by admin on 02/09/2026
La publicación de los archivos desclasificados del caso de Jeffrey Epstein no es un episodio más del morbo global ni un simple ajuste de cuentas póstumo contra un depredador sexual ya fallecido. Es, sobre todo, una prueba para los sistemas de justicia de los países que aparecen mencionados en esos documentos. Entre ellos, Ecuador. Y frente a esa prueba, la Fiscalía ecuatoriana no puede optar por el silencio.
Que el nombre del país, de ciudades, aeropuertos, edificios públicos y actores privados aparezcan reiteradamente en millones de páginas desclasificadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos constituyen una alerta jurídica. En un Estado constitucional de derechos, las alertas obligan a actuar. No hacerlo equivale a abdicar de la función esencial de protección a las víctimas y de persecución del delito.
‘Si Ecuador aparece en los archivos y el Estado decide mirar a otro lado, el mensaje será devastador: aquí, las víctimas no importan’.
La Fiscalía no necesita denuncias formales para iniciar este proceso. La Constitución y el Código Orgánico Integral Penal le otorgan la potestad y el deber de actuar de oficio cuando existen indicios razonables de delitos que podrían haberse cometido en territorio nacional o que involucren a ciudadanos ecuatorianos. En este caso, los indicios son públicos, documentados y de alcance internacional.
La pregunta central no es si Epstein pisó Ecuador o si mantuvo contactos logísticos en el país. La pregunta correcta es otra: ¿hubo víctimas en Ecuador?, ¿hubo intermediarios?, ¿existieron redes de captación, encubrimiento o beneficio económico?, ¿qué actores locales facilitaron ese entramado? La sola posibilidad de que menores de edad hayan sido vulnerados impone una obligación inmediata de investigación.
Aquí se trata de víctimas que, por definición, no pudieron defenderse. De adolescentes invisibilizadas por el miedo, la pobreza o el poder de sus agresores. La inacción del Estado frente a esa posibilidad no es neutral: es una forma de revictimización.
El caso Epstein demostró, en Estados Unidos y Europa, que la violencia sexual a gran escala no opera de manera aislada. Se sostiene en redes de poder, dinero, silencios comprados y zonas grises del sistema. Precisamente por eso, investigar no es un acto de escándalo.
La Fiscalía ecuatoriana dispone de herramientas claras: cooperación penal internacional, solicitud de peritajes sobre los documentos desclasificados, actos urgentes ante jueces y levantamiento de información financiera y societaria. Ninguna de estas acciones implica prejuzgar. Todas implican cumplir con la ley.
Si Ecuador aparece en los archivos y el Estado decide mirar a otro lado, el mensaje será devastador: aquí, las víctimas no importan. En cambio, si la Fiscalía actúa con rigor y transparencia, el país enviará una señal distinta: que incluso los crímenes más incómodos deben ser investigados.
La justicia no se mide por los casos fáciles que persigue, sino por los difíciles que se atreve a abrir. Epstein ya no puede ser juzgado. Pero las posibles víctimas en Ecuador sí merecen verdad, protección y justicia. Y esa responsabilidad tiene nombre propio: Fiscalía General del Estado.