‘Que paguen por lo que hicieron’, dicen padres de los 4 de Las Malvinas, a un año del crimen

Para Luis Arroyo, es muy difícil escuchar los relatos que se han dado durante las audiencias en el caso Las Malvinas. Cada detalle que revelan los militares desgarra el corazón de este padre de familia, quien no puede evitar imaginar el infierno que vivieron sus dos hijos: Josué Didier e Ismael Eduardo, de 14 y 15 años, la noche del domingo 8 de diciembre de 2024, luego de ser detenidos por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la avenida 25 de Julio, sur de Guayaquil.

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Junto con los adolescentes, fueron detenidos también dos amigos: Steven Gerard, de 11 años, y Nehemías, de 15 años. Los cuatro menores estuvieron desaparecidos y finalmente fueron hallados sin vida en un paraje de difícil acceso en la parroquia Taura, del cantón Naranjal.

La lucha de estas familias se inició desde el momento mismo en que supieron que esos cadáveres eran de sus hijos. Desde entonces han iniciado el proceso para lograr la justicia que tanto anhelan. Tanto así que casi no han tenido tiempo de llorar con calma a sus seres queridos, pues sus días transcurren en medio de audiencias, testimonios y entrevistas.

Durante el juicio por presunta desaparición forzada que se sigue contra los 17 militares que participaron en la detención de los chicos, algunos de ellos han contado que los menores fueron golpeados, torturados y finalmente abandonados a su suerte en mitad de la noche.

El dolor de Luis es compartido por las familias de los cuatro menores. Ronny Medina y Silvana Lajones, padres de Steven; y Johanna Arboleda, madre de Nehemías, también sufren al enterarse del suplicio que vivieron sus hijos, conocidos como Los 4 de Las Malvinas.

Sin embargo, en medio de su agonía todos coinciden en algo: dicen no sentir odio hacia los militares procesados, mientras esperan que la justicia se pronuncie en el juicio, que está llegando a su etapa final.

“Ha sido muy difícil”

“Ha sido bastante duro, la familia no ha superado lo que aconteció con los 4 de Las Malvinas”, comentó Luis Arroyo en diálogo con EL COMERCIO.  “Ver de qué manera le arrebataron la vida a nuestros hijos es impactante, ver cómo estos agentes estatales, estos militares, en vez de darles protección a los niños del Ecuador se  ensañaron con ellos tratándolos de delincuentes, de ladrones, de muchas cosas más”.

Ronny Medina también considera que ha sido muy difícil “porque a través de las audiencias nos enteramos de cosas muy fuertes, que no sabíamos. En estos momentos, Dios nos da la fortaleza para que podamos seguir adelante”.

Afirmó que con su familia siempre ora antes de salir de casa todos los días, pidiendo a Dios que se haga justicia. “No le deseamos la muerte a ellos (los militares), porque no somos asesinos, pero sí queremos que paguen por el daño que nos hicieron, aunque sé que eso no nos va a devolver a nuestros hijos”.

Silvana Lajones dijo que cuando llega a casa se encierra en su cuarto para recobrar fuerzas y no desfallecer delante de su familia, ya que ella es el pilar y debe permanecer fuerte para todos.

“Steven era el menor de seis hermanos. Todos lo recuerdan, pese a ser el último tenía un genio bien duro. Como madre, escuchar los relatos de los militares ha sido un momento duro, oir todo lo que dicen sobre nuestros hijos”, comentó la mujer.

Los familiares de los niños asesinados, en una reunión para habalr con sus abogados. Foto: Juan Carlos Holguín /EL COMERCIO

‘Espero que ellos paguen por lo que hicieron‘

Johanna Arboleda es más reservada en sus declaraciones. Habla poco, pero lo que expresa está cargado del dolor de una madre que no ha podido superar la muerte de  Nehemías, el tercero de sus cuatro hijos.

Los testimonios de los militares que relataron los golpes y las torturas a los menores, le han impactado. “He estado muy decaída, deprimida, mal; todos estamos destrozados”.

Dijo que la muerte de su hijo ha sido un cambio total para todos, “en la forma que lo extrañamos. Ha sido difícil para todos. A mis hijas no les gusta hablar de esto, porque para ellas ha sido muy duro”.  

También afirmó que no siente odio hacia los militares, “porque la justicia divina se encarga de eso. Espero que ellos paguen por lo que hicieron, que sean sentenciados“.

Tanto ella como Silvana Lajones están trabajando en Centros de Atención Municipal Integrada (CAMI), donde ayudan a dar clases a los niños. Y ese contacto con los pequeños les trae recuerdos de sus hijos fallecidos.

“Ese trabajo me ayuda a sobrevivir. Hay un niño que se parece a mi hijo, yo lo quedo viendo y me llega el sentimiento”, puntualizó Silvana.

‘Piensan que todos somos delincuentes‘

Las familias también han tenido que soportar la estigmatización de sus vástagos. “Nos juzgan sin conocernos a nosotros ni a nuestros hijos, piensan que porque venimos de barrios bajos todos somos delincuentes. Eso duele mucho”, indicó Ronny Medina a este medio. Él considera que se debería depurar las Fuerzas Armadas “porque así como hay gente buena, hay gente mala”.

Mientras que Luis Arroyo relató que en redes sociales siguen apareciendo troles para discriminar a los menores. “Dicen que eran delincuentes cuando la realidad es otra. Creo que todo el Ecuador sabe cuál es la realidad, qué es lo que ellos ocultan y por qué no quieren que esto se sepa”.

Según el padre de familia, “aun siguen hablando mal de nuestros hijos, no respetan su memoria, no valoran, se refieren de una manera tan grosera a nuestros hijos, sabiendo que ellos son quienes fallaron”.

Contó que su hija escribe cartas en hojas diciendo a sus hermanos que cuándo regresan, que los extraña, que quiere verlos y que se siente sola.

“Veo que ella está sola y sufre en silencio. Eso me parte mucho porque  a veces, como nosotros estamos ocupados con las audiencias o estamos trabajando, ella está en la escuela y a veces se queda en la casa con mi mamá o con mis hermanos. Ella está en el cuarto y ve las fotos de sus hermanos y entra en llanto“.

Según Luis, es un terrible daño sicológico que le han causado a su hija, quien tiene nueve años de edad. “Ella no asimila lo de Josué e Ismael y eso no ve el Estado, todo el daño que nos han causado como padres de los 4 de Las Malvinas”.

La reunión de los familiares de los 4 de Las Malvinas con sus abogados. Foto: Juan Carlos Holguín /EL COMERCIO.

‘A las familias inicialmente les ordenaron no decir nada’

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) asumió la representación legal de las familias de los menores desde el 19 de diciembre de 2024, cuando estas acudieron a la institución para denunciar la desaparición de los cuatro jóvenes.

Los niños fueron detenidos por los militares y llevados a Taura el 8 de diciembre de 2024. Las familias pusieron la denuncia en la Fiscalía por su desaparición el 9 de diciembre.

“Durante esos primeros luego de haber presentado la denuncia ante las autoridades, estas familias recibieron la orden por parte de la fiscal que inicialmente los había atendido, que no tenían que decirle nada a nadie. Esa fue la consigna y ellos obedecieron”, comentó a EL COMERCIO Billy Navarrete, director ejecutivo del CDH.

Sin embargo, pasaron diez días y al ver que no se hacía ninguna diligencia y que hasta se les negaba información, los afectados acudieron al CDH la mañana del 19 de diciembre de 2024.

El camino ha sido tortuoso para las familias. Sin embargo, “poco a poco han venido ganando fortaleza, sobre todo debido a la compañía y solidaridad que han tenido de muchas personas en Ecuador”, afirmó el director del CDH.

Esto, dijo Navarrete, “pese a que de parte especialmente del Ministerio de Defensa, se señaló a los chicos como delincuentes, se señaló a estas familias como vinculadas a organizaciones criminales y que no teníamos que atender la denuncia”.

Según el activista, también se señaló al CDH como un organismo que tenía que ser intervenido. Y a la jueza que dijo el 24 de diciembre de 2024 que se trataba de una desaparición forzada, se la atacó diciendo que se había salido de sus atribuciones.

‘Hay una racialización de la criminalidad’

Meses después, al realizarse la reconstrucción de los hechos, algunos de los militares empezaron a dar versiones sobre los maltratos y torturas que, según ellos, cometieron contra los menores.

“Eso era de esperarse, porque no todos tienen el mismo nivel de responsabilidad“, explicó Navarrete. “En ese sentido comenzaron a ofrecer nuevas declaraciones y a señalar sobre todo la tortura, el simulacro de ejecución por parte del jefe de patrulla. Ya se conoce por varias versiones que a uno de los chicos le disparó cerca de la cabeza”.

Insultos racistas y sobre todo, dejarlos desnudos en la ncohe en un sitio desamparado, es violencia sexual y tortura, aseguró el representante del Comité de Derechos Humanos.

“Este caso desnuda de pies a cabeza, toda la política de la militarización del gobierno (del presidente) Daniel Noboa. Es el caso que coloca en cuestión, de forma directa, la política de seguridad absurda y restringida”, dijo.

“En las comunidades especialmente precarias, afrodescendientes, esos son los resultados. Hay una racialización de la criminalidad y todos los chicos son presuntos delincuentes. Y eso es lo que finalmente terminan haciendo”.

Navarrete confía en que habrá un fallo favorable, “que devuelva al Ecudor entero la certeza de tener una administración de justicia que no se amilana, que no se intimida, y que más bien señala lo que finalmente se ha comprobado que ocurrió: una detención arbitraria y desaparición forzada de los cuatro chicos”.

Los colectivos de derechos humanos ha relizado protestas por los 4 niños de Las Malvinas. Foto: Juan Carlos Holguín /EL COMERCIO

‘Este caso evidencia la ausencia de preparación de las Fuerzas Armadas‘

Para Navarrete, este caso pone en evidencia la ausencia de preparación de las Fuerzas Armadas. “Algunos exmilitares han señalado que su preparación es para la guerra, donde lidiar con adolescentes está absolutamente fuera de su capacidad intelectual”, comentó. “Porque lo que hacen es eliminar al oponente. Y eso hace que los saquen esa noche del cantón, los lleven a un lugar, los insulten, les hagan vejámenes y en esas circunstancias dejarlos desnudos, sin ninguna explicación”.

Además, indicó el activista, siempre han notado algo en este tipo de casos: el espíritu de cuerpo es el que sirve para esconder el mal procedimiento. “Eso ya compromete la institucionalidad. Ya sale de las atribuciones individuales en relación a la responsabilidad de cada uno, hay un aparato que aparece, que encubre, que se confabula para atacar al denunciante, para proteger a los agentes”.

Según cifras que maneja el CDH,  desde enero de 2024 se han conocido 33 casos de personas detenidas y desaparecidas. “No es un hecho excepcional. Entre 1984 y 2008 la Comisión de la Verdad estableció 17 casos de desapariciones forzadas en Ecuador. Nosotros tenemos seis meses con 33 casos de personas detenidas y desaparecidas, solamente por patrullas militares, solo en Esmeraldas, Los Ríos y Guayas”.

Para Billy Navarrete, esto es “realmente significativo. Hay toda una manera en la que se ha empujado  a las Fuerzas Armadas en general, para que actúen, desde julio hasta diciembre de 2024. Tiene que ver con esa manera de combatir la criminalidad a través del militar”.

Militares niegan las torturas

Por su parte, la mayoría de los militares procesados niega que hayan cometido torturas contra los menores detenidos. El grupo se dividió cuando cuatro de ellos decidieron incluir en sus testimonios, los relatos sobre torturas, golpes y maltratos hacia los jóvenes luego de ser privados de la libertad.

Los otros militares se mantienen en su versión: reconocen que hubo un mal procedimiento por no entregar a los menores a la Policía , como correspondía después de que los detuvieron. Pero rechazan las afirmaciones de que los torturaron.

Jesús Coveña, abogado de dos de los militares, en diálogo con EL COMERCIO afirmó que la defensa es mantener la verdad: no existe desaparición forzada. “Los militares sí cometieron el error de dejarlos liberados cuando debían haberlos llevado a una UPC (Unidad de Policía Comunitaria). Pero eso no constituye un delito. Eso debe ser una sanción administrativa, que incluso se les estaba siguiendo el proceso dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana“.

Según el jurista, en el transcurso de las audiencias han habido supuestos colaboradores que dicen ser cinco, pero cuando hicieron la reconstrucción de los hechos solo fueron cuatro, quienes relataron lo que él califica como “mentiras”.

“¿Por qué razón son mentiras? porque de los militares que están sin colaboración eficaz, ninguno se ha contradecido. Pero los 4 colabores eficaces que ya han rendido su testimonio en la audiencia, todos se han contradecido, han dado historias discordantes, situaciones distintas”, explicó. “Siendo que están en el mismo centro de privación de libertad y tienen el mismo contacto entre ellos, ni siquiera han podido ponerse de acuerdo para dar una versión coherente”.

Un plantón por los niños desaparecidos. Foto: Juan Carlos Holguín /EL COMERCIO.

Coveña comentó que en la audiencia se presentó el encargado de la armería de la Fuerza Aérea, el que dijo que los militares sacaron sus armas y sus municiones, porque les dan una cantidad específica. Y al regresar del operativo, tenían la misma cantidad de armas y de municiones, porque todo es registrado.

“Es decir, entregaron completo. Ahí se cae la mentira de los colaboradores de que hubo disparos”, indicó el abogado. “Todo es falso. Solo están mintiendo para hacerse acreedores de una pena atenuada. Esto con fines no sé si políticos. Sabemos que la parte mediática nos ha estado dando duro, pero los abogados también han engañado a estos señores militares, supuestos cooperadores, y están mintiendo”.

‘Los militares solo llevaban tres meses en Guayaquil‘

La pregunta que todos se hacen es: ¿por qué llevaron a los niños hasta Taura y no los entregaron a la Policía en Guayaquil?

Sobre esto, Coveña recuerda que ninguno de los militares era de Guayaquil. Todos pertenecían  a otras provincias y cuando por el conflicto armado interno se creó el GOMAI (Grupo de Operaciones Militares de Ámbito Interno) tres  meses antes, fueron trasladados al Puerto Principal.

“La mayoría tenía tres meses en Guayaquil y únicamente respondiendo a órdenes que se realizaban en la misma base. ¿Por qué llevaron a los menores hasta allá? porque frente a la base de Taura hay una UPC de Virgen de Fátima y es la que todos conocían”, señaló el jurista.

Además, dijo, todos los militares son aerotécnicos. “Son mecánicos de aviones, nunca en su vida han tenido aprehendidos. Ellos trataban de llevarlos y fue una mala decisión del subteniente aceptar las súplicas de los menores. Estos, dos o tres veces dijeron ‘mi sub, ya no vuelvo a robar’ y ahí los liberaron. y la decisión fue del subteniente, pues recordemos que el de más alta jerarquía toma la decisión”.

También se refiere a uno de sus clientes, a quien le atribuyen ser el boxeador que golpeó a uno de los menores. “A mi cliente le hice tomar una valoración sicolígica en la etapa de instrucción fiscal y no tiene rasgos que puedan atribuirse a que sea una persona violenta”.

Según dicha evaluación, afirma Coveña, el militar es sociable. “En las conclusiones dicen que es responsable, que siempre tiene buena conducta, su hoja de vida es intachable, tiene cursos de paracaidismo y de especialización en el ámbito militar. No es un boxeador, como se dice. Su único error es ser corpulento”.

El representante legal de estos dos militares aspira a que se haga justicia, pero no solo con sus clientes “sino también con los padres de los menores, porque sé que es una pérdida irreparable, pero que se sancione a los verdaderos responsables“.

Afirma que si se debe aplicar una sanción por haber abandonado a los menores, la recibirán. “Pero no por desaparicíon forzada sino conforme a la ley manifiesta con una sanción administrativa. Aspiramos que los militares salgan libres”.

Proceso por muerte de los menores no ha avanzado

Algo que también preocupa a las partes involucradas es que el proceso por la muerte de los cuatro menores no ha avanzado. El actual juicio que está por resolverse es por la detención y desaparición forzada. El asesinato de los niños es otro proceso.

El proceso se dividió tras el testimonio de un testigo, quien afirmó que la noche de los hechos había visto en un bar de Taura que un grupo  de personas dijo que tenían a los chicos y que se los iba a dar a la banda criminal del lugar.

“Es una sola persona. Y luego ese testimonio desapareció, no hubo más. Pero eso permitió que la Fiscalía divida en dos el caso”, indicó Billy Navarrete, del CDH. “Es bastante perjudicial eso, porque el caso de la muerte ha quedado atrás. Ya una vez se supo que los cuatro cuerpos eran de los chicos, se inicia este segundo proceso de investigación que no ha avanzado nada”.

Sobre este tema, el abogado Jesús Coveña, representante de dos militares, afirmó que la Fiscalía no se ha preocupado en formular cargos a los sospechosos del secuestro con muerte. “Ya existen fotografías, ya existen los alias, pero la Fiscalía ha hecho caso omiso y más se ha concentrado en la desaparición forzada. Del proceso con muerte, del atroz asesinato de los menores, no ha existido ninguna investigación”.

El jurista recordó que en los asesinatos se ha vinculado a alias Momo y otros alias más. “La desaparición de los menores se le atribuye a los señores militares por haberlos dejado abandonados, pero la muerte se atribuye a otras personas”.

Las muestras de solidaridad con los niños y sus familiares han sido constantes. Foto: Juan Carlos Holguín /EL COMERCIO.

‘El testigo dijo que fue torturado’

Billy Navarrete indicó que hace un mes, el mismo testigo que en diciembre dio el testimonio sobre el bar y la banda delictiva que se llevó a los cuatro menores, declaró que eso lo dijo porque fue torturado.

“Dijo que llegaron a su casa, lo torturó una patrulla militar y le dijeron que tenía que decir eso. Eso lo dice, está en el expediente por secuestro con resultado de muerte”.

“Lo peor es que el fiscal que está a cargo del caso no le hace ni una sola pregunta sobre eso. Lo dijo y el fiscal no repregunta. Esto nos deja una mala opinión sobre el profesional de la investigación que no ha indagado sobre eso”, indicó el director del CDH.

El organismo de derechos humanos ha pedido que se vuelva a llamar a este testigo, incluso con la ayuda de la fuerza pública, para que aclare dicha afirmación, ya que fue su testimonio inicial el que permitió separar las investigaciones de desaparición forzada y secuestro con muerte. Y luego se contradijo diciendo que esa versión fue dada bajo tortura.

Actos por el aniversario del Caso Malvinas

El lunes 8 de diciembre de 2025 se realizarán varios actos, al  conmemorarse el primer aniversario de la detención de los cuatro menores.

A las 15:00, desde la Casa Comunal de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, las familias, comunidad y organizaciones de sociedad civil, comunitarias afros y colectivos ciudadanos realizarán una marcha hacia el parque de la Coviem.  Esta recorrerá los vecindarios donde vivian Josué, Ismael, Nehemías y Steven.

Frente a cada casa se realizará una parada artística donde se leeran textos en homenaje a cada una de los cuatro víctimas.  La marcha estará acompañada de intervenciones artísticas de agrupaciones afros, batucada popular y bandas musicales de jóvenes de colegios.

Una marcha a favor de que se conozca la verdad en el caso Los 4 de Las Malvinas. Foto: Juan Carlos Holguín /EL COMERCIO

En el parque de la Coviem, en la cancha de futbol donde jugaban los cuatro menores y desde donde salieron hacia sus casas aquella noche, se desarrollará una ceremonia de reparación simbólica. El CDH ha solicitado que este parque sea nombrado oficialmente “En memoria de Los Cuatro Niños de Las Malvinas”.

Desde ahí marcharán hasta la avenida 25 de Julio, el sitio donde fueron detenidos. Aquí habrá un plantón pacífico  y se instalará un altar simbólico en homenaje a los niños.

Informe extra: El caso de Las Malvinas.

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