Cartas a Quito / 19 de febrero de 2026

El “Sauce llorón” de la González Suárez

“Con el fin de promover el desarrollo urbano sostenible, se reconoce como de interés público el establecimiento, conservación, manejo e incremento de árboles en las zonas urbanas, priorizando los árboles nativos en las zonas territoriales respectivas.” (Código Orgánico del Ambiente, 2017)

Al norte de la ciudad, en el redondel formado por la Avenida González Suárez y la calle Manuel Barreto, existe un majestuoso sauce llorón, el cual se encuentra inventariado con el número 9987, dentro del listado de Árboles Patrimoniales del Distrito Metropolitano de Quito.

Para quienes hemos habitado la mayor parte de nuestras vidas por el sector, este ejemplar no es solo un elemento decorativo, sino un testigo vivo del desarrollo urbano de uno de los barrios más tradicionales de la capital y que debe ser cuidado en su integralidad.

En días pasados, a causa de las intensas lluvias soportadas por la ciudad capital, este hermoso árbol patrimonial se cayó parcialmente sobre la calzada, mas, la pronta reacción de los moradores del sector, liderados por el comité vecinal “SOMOS BARRIO”, logró su recuperación, colaborando con la gestión realizada por la EPMMOP y la Secretaria de Ambiente del Municipio de Quito y sus técnicos, en especial del Ing. Leandro Yépez, gran profesional y profundo conocedor de las especies arbóreas nativas y endémicas del distrito.

El árbol rescatado corresponde a la especie “Salix humboldtiana”, más conocida como sauce llorón o sauce criollo, especie nativa de América Latina, que se caracteriza por su follaje colgante, de color verde claro. Sus ramas largas y flexibles caen hacia el suelo, dándole esa apariencia melancólica y “llorona” que lo caracteriza, pudiendo alcanzar hasta quince metros de altura.

Este sauce fue catalogado como patrimonial por el Municipio de Quito, debido a su alto valor paisajístico, siendo uno de los iconos de la Avenida González Suárez, el cual es admirado diariamente por miles de quiteños que circulan por esta vía, con dirección al norte de la ciudad y al vecino valle de Tumbaco.

Al ser un árbol patrimonial, goza de protección especial bajo la Ordenanza Metropolitana No. 041-2022, aprobada para el cuidado, fomento y preservación del Arbolado Urbano en el marco de la Red Verde Urbana, la que prohíbe cualquier tipo de poda no técnica, tala o daño a su estructura.

Alfonso López J.

Justicia bajo sospecha: cuando la institucionalidad se debilita

La Función Judicial del Ecuador, atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. No se trata únicamente de controversias personales ni de disputas coyunturales, sino de una crisis que compromete la credibilidad del sistema de justicia y pone en entredicho uno de los pilares fundamentales del Estado constitucional de derechos: la independencia judicial.

La Constitución de la República es clara al establecer la separación de funciones y la autonomía de la Función Judicial frente a los demás poderes del Estado. Esta independencia no es un privilegio corporativo, sino una garantía para la ciudadanía, pues solo una justicia libre de presiones políticas puede proteger derechos, resolver conflictos con imparcialidad y asegurar la seguridad jurídica. No obstante, los acontecimientos recientes han generado una comprensible preocupación social.

La designación de autoridades judiciales con perfiles cuestionados o con escasa trayectoria en el ejercicio jurídico ha abierto un debate legítimo sobre la idoneidad, la meritocracia y la ética en la administración de justicia. La judicatura no puede ser tratada como un espacio de experimentación ni de cuotas de poder. El caso del ex presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, ampliamente difundido en la agenda mediática, evidencia una crisis institucional que trasciende lo individual.

Las versiones sobre investigaciones en la Fiscalía General del Estado y en la Asamblea Nacional, así como la solicitud pública de renuncia formulada por el Presidente de la República, Daniel Noboa, reflejan tensiones que afectan directamente la percepción ciudadana sobre la independencia judicial. A ello se suma la situación de la autoridad subrogante, separada del cargo, según información periodística, por presuntas obligaciones tributarias, hecho que ha sido públicamente negado por la propia funcionaria.

Más allá de la veracidad de los hechos, el manejo de estas situaciones proyecta una imagen de fragilidad institucional y falta de transparencia. Frente a este escenario, resulta inevitable cuestionar cuál es el mensaje que se transmite a jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio y estudiantes de Derecho. ¿Dónde quedan los principios de estabilidad, independencia y seguridad jurídica? ¿Cuál es la reacción de las facultades de Derecho y de los gremios profesionales ante esta realidad?

La justicia no puede convertirse en un instrumento del poder político ni en un escenario de confrontación coyuntural. Cuando la Función Judicial se debilita, se debilita el Estado de derecho. Y sin Estado de derecho, la democracia pierde su sustento.

Elio Roberto Ortega Icaza