La seguridad no puede depender de medidas excepcionales
Written by on 10/03/2026
El toque de queda terminó en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, pero el estado de excepción continúa en ocho provincias y tres cantones. Esa diferencia no es menor.
Desde el 30 de septiembre de 2026, la movilidad entre la medianoche y las 05:00 dejó de estar restringida en esas cuatro provincias. Sin embargo, policías y militares seguirán desplegados en los territorios incluidos en el Decreto 498.
La medida mantiene vigente la declaratoria de excepción por 60 días en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de los cantones Camilo Ponce Enríquez, Las Naves y La Maná. También continúa la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, bajo las condiciones previstas en la norma.
El país debe mirar con seriedad lo que dejan estas dos semanas de restricción nocturna.
El Ministerio del Interior reportó 2 561 personas aprehendidas entre el 17 y el 29 de septiembre. De ese total, 695 fueron detenidas por incumplir el toque de queda y 1 866 por delitos como extorsión, delincuencia organizada, tenencia y porte de armas de fuego y tráfico de drogas. También se ejecutaron 1 310 operaciones, 1 050 puntos de control y 29 allanamientos.
El balance oficial incluye 8,1 toneladas de droga decomisadas, 12 819 municiones, 40 explosivos, dinero en efectivo, equipos de comunicación, combustible, vehículos, motocicletas y embarcaciones retenidas o recuperadas. Son resultados relevantes en la lucha contra estructuras criminales.
Pero la pregunta de fondo sigue abierta: cuánto de ese impacto se mantendrá cuando termine la excepcionalidad.
Los estados de excepción pueden ser herramientas necesarias en contextos de violencia, crimen organizado y grave conmoción interna. Permiten concentrar fuerzas, ampliar capacidades de intervención y responder con rapidez a territorios bajo presión criminal.
Pero también tienen un límite democrático.
No pueden convertirse en la forma de gobernar la seguridad. Cuando una medida excepcional se repite sin evaluación pública suficiente, corre el riesgo de normalizar restricciones de derechos sin demostrar si redujo homicidios, extorsiones, robos, secuestros o control territorial de las bandas.
El Gobierno no solo debe informar cuántas personas fueron aprehendidas o cuántos operativos se ejecutaron. También debe explicar si la medida redujo delitos específicos, en qué cantones funcionó mejor, qué zonas siguen críticas y qué acciones continuarán cuando policías y militares salgan de los controles nocturnos.
La ciudadanía necesita seguridad, pero también necesita saber si las restricciones funcionan.
El toque de queda tiene costos. Afecta movilidad, trabajo nocturno, comercio, transporte, servicios, emergencias familiares y actividades económicas que dependen de horarios extendidos. Por eso, su aplicación debe estar respaldada por datos verificables y objetivos claros.
En seguridad, el despliegue es importante. La evaluación lo es más.
Si las operaciones permitieron golpear economías criminales, decomisar droga, armas y explosivos, el siguiente paso debe ser sostener esos resultados con investigación penal, inteligencia, control financiero y presencia estatal permanente. Sin esos componentes, los operativos corren el riesgo de producir efectos temporales.
La respuesta tampoco puede descansar únicamente en policías y militares.
Los territorios afectados necesitan fiscalías con capacidad, jueces protegidos, municipios coordinados, sistemas de denuncia confiables, control penitenciario, prevención del reclutamiento y recuperación de espacios donde las bandas sustituyen al Estado.
El fin del toque de queda abre una oportunidad para evaluar fríamente sin cálculos.
Ecuador no puede renunciar a medidas excepcionales cuando la violencia amenaza a la población. Pero tampoco puede acostumbrarse a vivir bajo ellas como si fueran la única respuesta posible.
La seguridad exige resultados inmediatos, pero también una política sostenida. Si el estado de excepción continúa, el Gobierno debe demostrar con datos qué cambió, qué falta y cómo evitará que el país vuelva a depender de restricciones temporales para enfrentar problemas permanentes.
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