Ley de los GAD enfrenta cinco demandas de inconstitucionalidad
Written by on 02/27/2026
La Ley de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que reforma el Cootad y regula el gasto de municipios y prefecturas enfrenta cinco demandas de inconstitucionalidad hasta este jueves 26 de febrero de 2026.
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Las cinco demandas de inconstitucionalidad contra la ley de los GAD
La ley que reforma el esquema de gasto de los GAD, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, acumula cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional.
Esto, en medio de cuestionamientos de sectores sociales, políticos y autoridades locales.
La normativa, que modifica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), fue enviada al Legislativo por el presidente Daniel Noboa como proyecto económico urgente y aprobada el pasado viernes, pese a las protestas y críticas de la oposición.
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Nueva ley obliga a priorizar inversión sobre gasto en salarios
Las reformas, que entraron en vigor el lunes, establecen que los municipios y prefecturas deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión pública y no más del 30 % a gasto corriente, que incluye salarios y funcionamiento administrativo.
Desde el oficialismo se ha señalado que esta medida responde a criterios de eficiencia y justicia social, con el objetivo de priorizar obras y servicios esenciales como agua potable y alcantarillado, antes que el gasto administrativo.
Organizaciones sociales y autoridades presentan acciones legales
Sin embargo, organizaciones sociales y sectores políticos han advertido que la normativa podría afectar servicios públicos y derechos ciudadanos.
Las demandas son presentadas por:
La Unión Nacional de Educadores (UNE)
Movimiento Unidad Popular
Concejal de Quito Andrés Campaña
Asambleísta Patricia Núñez
Abogado Adolfo Espinel
El concejal Andrés Campaña afirmó que con la entrada en vigencia de la ley se produce la eliminación de partidas relacionadas con personal de servicios sociales.
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Por esto, solicitó como medida cautelar la suspensión inmediata de la normativa, con el fin de evitar posibles afectaciones a los servicios y derechos de la población.
Geovanni Atarihuana, del movimiento Unidad Popular, indicó que también solicitaron a la Corte Constitucional que suspenda los efectos de la ley mientras se analiza su constitucionalidad.
Esto, al considerar que podrían estar en riesgo derechos de los ciudadanos.
El Ejecutivo defiende la normativa y su impacto en obras y servicios
Desde el Gobierno, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, defendió la ley y aseguró que la reforma busca garantizar que los recursos administrados por alcaldías y prefecturas se traduzcan en obras y servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
La normativa forma parte de los cambios impulsados por el Ejecutivo para modificar la estructura del gasto público en los gobiernos locales, en medio de un debate nacional sobre su impacto en la gestión territorial y los servicios públicos.
Con información de EFE.
Información extra: Corte Constitucional
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