Maldita geodiversidad

Hace más de una década era un secreto a voces que en los territorios de los pueblos no contactados se cometían abusos atroces. Allí, donde la presencia del Estado nunca llegó de manera efectiva, proliferaron la tala ilegal, la siembra de coca y la explotación indiscriminada de recursos. Estos territorios, apartados de cualquier control, quedaron para el libre ingreso de grupos armados, contra los cuales una lanza de chonta o una cerbatana no tienen ninguna oportunidad.

Hoy la situación es inocultable: el Parque Nacional Yasuní, ícono mundial de la biodiversidad y de la lucha contra la explotación petrolera, está invadido por retroexcavadoras ilegales. Y no es casualidad: allí donde el Estado fue obligado a retirarse, donde se condenó la presencia de las Fuerzas Armadas bajo el argumento de respeto a culturas ancestrales,  ingresaron las mafias que se alimentan del abandono.

El Ecuador es privilegiado en biodiversidad y en geodiversidad: el suelo que sostiene la selva amazónica es tan variado y rico como la vida que florece sobre él. Oro, cobre, plata y tierras raras forman parte de ese subsuelo. Esa riqueza, que pudo ser administrada en beneficio de la nación, hoy se extrae para engrosar el poder económico y bélico de la delincuencia, que  atacará con letalidad a nuestro ejército.

Un kilo de oro puede salir del país sin mayor problema y transformarse en dinero en efectivo y en armas en cuestión de días. Este es el negocio perfecto para los grupos terroristas que jamás dejarán el oro en el subsuelo.

Resulta triste que los grupos que, en nombre de la defensa de la Pachamama, celebraron el cierre del bloque ITT y exigieron expulsar a petroleras y militares del Yasuní, hoy no asuman la responsabilidad de haber dejado estas zonas -y a su gente- a merced del crimen organizado.

Al impedir que el Estado ejerza soberanía, los colectivos ambientalistas  abrieron la puerta a la explotación clandestina y  ahora, en lugar de comunidades protegidas y ecosistemas resguardados, tenemos pueblos ancestrales amenazados, sometidos al poder del dinero y de las armas, sin un Estado ni un ejército que los defienda.

En esos territorios habitan pobladores sin cédula, que  no gozan de los beneficios de la ciudadanía. Si son asesinados por las mafias, nadie lo registrará. Y aunque el Estado llegara a enterarse, sus muertes pasarán desapercibidas en los registros oficiales, porque jurídicamente no existen al ser considerados no contactados. Esta es la tragedia mayor: ecuatorianos sin patria, sin derechos, sin protección, en nombre de lo ancestral.

El forzado abandono estatal, maquillado como respeto a la autonomía, se traduce hoy en impunidad total, para crímenes que ya se están cometiendo y que ya nos enteraremos.

No hablamos de árboles talados o ríos contaminados. Hablamos de grupos armados con entrenamiento de guerrilla, financiados por oro ilegal, protegidos por partidos políticos locales y blindados por organismos internacionales de derechos humanos. Hablamos de un Estado al que a sus Fuerzas Armadas le resultará muy difícil recuperar el control de estos territorios. 

Ecuador está ante una encrucijada: o se reconoce que la soberanía implica presencia del Estado y de sus Fuerzas Armadas en los territorios ancestrales, o se permite que estas grandes extensiones del país, queden en manos de los  grupos terroristas.

No se trata de negar la identidad de los pueblos amazónicos, sino de proteger sus vidas y la riqueza natural que nos pertenece a todos. La lucha ecológica, usada como herramienta política sin visión de Estado, dejó a comunidades enteras en el abandono y permitió que el oro reemplace a la chicha, que las armas silencien los cantos y que el terror suplante a la tradición.

La pregunta que queda es si este abandono forzado por los ambientalistas, fue un error… o un plan cuidadosamente calculado.