La investigación del caso Fernando Villavicencio cambia de ritmo con la vinculación de alias ‘Pipo’

La instrucción fiscal por el asesinato de Fernando Villavicencio entró nuevamente en una fase decisiva desde el 1 de diciembre de 2025, cuando la Fiscalía pidió vincular a Wilmer Ch., alias Pipo; Ángel A., alias ‘Lobo Menor’; y Luis A., alias ‘Gordo Luis‘. La solicitud se produjo cuando la etapa cumplió 90 días el pasado 3 de noviembre de 2025 y activó una ampliación legal de 30 días adicionales.

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El asesinato a Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 y el inicio del proceso penal

El 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un mitin político en Quito.

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La investigación iniciada ese mismo día permitió identificar a los primeros sospechosos como autores materiales. La causa avanzó con detenciones, testimonios, pericias balísticas y el análisis de chats vinculados a estructuras delictivas.

Con el paso de los meses, la Fiscalía abrió una línea sobre los presuntos autores intelectuales. Esta segunda fase se sustentó en documentos, pericias telefónicas y testimonios adelantados que describen contactos entre estructuras criminales y actores políticos, lo que llevó a formalizar procesos contra varias personas en 2025.

La apertura de la instrucción fiscal y los primeros procesados

En esta etapa ingresaron al expediente Ronny Aleaga, Xavier Jordán, José Serrano y Daniel Salcedo como presuntos autores intelectuales.

La Fiscalía sustentó su participación con elementos recabados en testimonios anticipados, chats periciados y documentos que describen reuniones, pagos y coordinaciones previas al crimen.

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Durante los primeros 90 días se desarrollaron versiones, pericias y análisis de comunicaciones. La Fiscalía incorporó información relacionada con estructuras delictivas y con redes utilizadas para la planificación y ejecución del crimen, lo que amplió el alcance inicial de la causa.

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Testimonios que mencionaron a alias ‘Pipo’, alias ‘Lobo Menor’ y alias ‘Gordo Luis’

Uno de los puntos que modificó el avance del expediente fue el testimonio anticipado de Marcelo Lasso, rendido el 25 de septiembre de 2025. Lasso relató que, tras la muerte de Leandro Norero, se produjo un acercamiento con alias ‘Pipo’ y alias ‘Lobo Menor’ para solicitar la ejecución del crimen.

Indicó que se reunió un millón de dólares para pagar la operación y que Daniel Salcedo mantenía una relación directa con ellos.

La viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, afirmó que la figura de alias Pipo apareció desde los primeros días del asesinato porque, según dijo, luego del crimen circuló un video atribuido a los Lobos por orden de Daniel Salcedo. La familia de Villavicencio sostiene que la estructura criminal debía responder sobre quién ordenó el asesinato, cuánto cobró y cómo se movió el dinero.

El papel de alias ‘Pipo’ dentro de la investigación

Alias ‘Pipo’ fue detenido en Málaga, España, el 16 de noviembre de 2025. La información presentada por la familia de Villavicencio y por el abogado Patricio Rosero describe a Chavarría como un cabecilla de Los Lobos y una figura que habría autorizado la operación.

Rosero sostiene que Pipo entraría al proceso como un nuevo instigador dentro de la estructura investigada.

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El testimonio anticipado de Lasso y los documentos periciados vincularon a Chavarría con conexiones que, según esas versiones, incluían roles de coordinación, autorización y relación directa con quienes habrían financiado la operación.

Alias ‘Lobo Menor’ y los señalamientos dentro del expediente

Ángel A., alias ‘Lobo Menor’, fue mencionado como hijastro de alias ‘Pipo’ y como parte del grupo que habría ejecutado órdenes dentro de la estructura.

Rosero sostiene que, dentro de la jerarquía de Los Lobos, Aguilar cumplía actividades directamente encargadas por alias ‘Pipo’.

En chats de Metástasis, pericias del FBI y referencias dentro del testimonio de Lasso se mencionó a Aguilar como uno de los actores operativos. Sarauz indicó que los testigos anticipados mencionaron a Pipo y Lobo Menor como quienes habrían autorizado el crimen.

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Alias ‘Gordo Luis’ y los señalamientos financieros

Luis A., alias ‘Gordo Luis’, apareció en el expediente como operador de dinero. Rosero afirma que Arboleda habría entregado recursos a nombre de quienes planificaron el crimen y que estos fondos se dirigían hacia la estructura que ejecutaría la operación.

Según lo dicho por el abogado, Arboleda articulaba empresas para mover dinero hacia alias ‘Pipo’ y tenía un rol jerárquico dentro del control penitenciario de Los Lobos en Latacunga.

Esta línea económica se convirtió en uno de los elementos señalados por la Fiscalía para solicitar su vinculación.

El pedido de vinculación del 1 de diciembre y los 30 días adicionales

El 1 de diciembre de 2025, la Fiscalía pidió vincular a alias ‘Pipo’, alias ‘Lobo Menor’ y alias ‘Gordo Luis’. La solicitud se presentó cuando la instrucción fiscal cumplía 90 días.

La ley establece que al vincular a nuevos investigados la instrucción se amplía en 30 días.

Esta ampliación se convirtió en un momento clave porque la Fiscalía argumentó que recabó nuevos elementos que presumen participación de los tres señalados. Con esta solicitud, el caso sumará siete personas procesadas dentro de la línea de los presuntos autores intelectuales.

La audiencia del 12 de diciembre y los efectos dentro del caso

La jueza Luz María Ortiz convocó la audiencia de vinculación y formulación de cargos para el 12 de diciembre a las 08:30. En esa diligencia se expondrán los indicios contra los tres señalados y se definirá su incorporación formal al proceso.

Al concluir los 30 días adicionales, la Fiscalía decidirá si solicita la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Allí la jueza deberá determinar qué procesados serán llamados a juicio y con qué elementos probatorios.

Las actuaciones judiciales paralelas y el proceso contra la jueza Ayala

El caso se desarrolla mientras existe un proceso paralelo por la actuación de la jueza María Daniela Ayala en la audiencia de formulación de cargos inicial.

El ministro del Interior, John Reimberg, denunció a la jueza por presuntas infracciones de dolo, negligencia o error inexcusable. El expediente lo conoce un tribunal provincial.

La familia de Villavicencio también presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura el 17 de noviembre por negligencia manifiesta. Tamia Villavicencio señaló que la actuación de la jueza generó preocupación porque permitió presentaciones en un consulado sin mecanismos judiciales de verificación.

Lo que viene después de los 30 días adicionales

Una vez que concluya la ampliación de la instrucción fiscal, la Fiscalía deberá cerrar esta etapa e informar si solicitará el paso a la fase de evaluación y preparatoria de juicio.

El COIP fija un máximo de 120 días y descarta cualquier actuación posterior.

El cierre de la instrucción definirá el alcance final de la acusación, los roles atribuidos a cada procesado y los elementos que sostendrán la teoría del caso en el eventual juicio.

Información extra: Caso Fernando Villavicencio

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