CAL abre la puerta al juicio contra Godoy

El jueves 8 de enero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento del pedido de juicio político en contra de Mario Godoy, antes de calificarlo, resolvió enviar el expediente a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) para un informe técnico-jurídico no vinculante.

La UTL tiene tres días para pronunciarse si la solicitud cumple requisitos formales. Lo dado hasta aquí, no es la destitución, ni siquiera la admisión definitiva, pero sí es es la apertura de la vía para verificar hechos y, de corresponder, determinar responsabilidades; circunstancia que obliga a todos los actores a jugar con reloj, reglas y cálculos.

El asunto llega con antecedentes preocupantes, en razón de audios difundidos públicamente en los que se escucharía presuntamente al entonces director provincial de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor (hombre que sería cercano a Godoy), “presionar” al juez anticorrupción Carlos Serrano en un caso por lavado de activos que involucra al serbio Jezdimir Srdan. Tras la filtración, Gaibor presentó su renuncia irrevocable el 22 de diciembre de 2025 a pedido del Consejo de la Judicatura.

Y llega, además, con el precedente político inmediato, esto es, la comparecencia de Godoy en el Pleno de la Asamblea el lunes 5 de enero, cuando optó por el contraataque, habló de “infamias” y puso el foco en supuestos complots, e incluso en ciertos cuestionamientos al juez anticorrupción, en vez de enfrentar y aclarar con profundidad – que es lo que correspondía –  el fondo del caso: ¿hubo o no injerencia interna para favorecer al procesado en lavado de activos y cuál es su participación en ese tema que le salpica directamente?

Hasta esta semana, la discusión pública parecía una pelea de versiones en un terreno brumoso. Unos exigían explicaciones, otros denunciaban persecución y otros señalaban culpables. El movimiento del CAL influyó en la discusión: ahora el debate ya no es solo “qué pasó”, sino “qué hará la Asamblea con lo que pasó”.

En Ecuador, cuando un caso toca la justicia y el poder, la primera batalla suele ser la narrativa. La segunda, siempre más decisiva, es la procesal (quién controla el expediente, el ritmo y los pasillos de decisión).

CAL: abrir sin comprometerse

Enviar el pedido a la UTL puede leerse como prudencia técnica. También puede verse  como administración del tiempo. La decisión abre la puerta, pero aún no deja entrar: aplaza la calificación y, con ella, el paso del expediente hacia la Comisión de Fiscalización.

El resultado práctico es que,  la política gana margen para medir fuerzas. El oficialismo evita quedar como freno, la oposición evita quedar como puro ruido, y el propio Godoy gana valiosas  horas para reposicionar su defensa en el terreno que más le conviene: el de la disputa política, y no en el de la falla institucional y, sobre todo, no en el de la responsabilidad en el campo jurídico (penal).

El muro: 101 votos

El juicio político, si avanza,  se definirá probablemente en operaciones matemáticas de sumas y restas.  Para censurar y destituir, la Constitución exige el voto favorable de las dos terceras partes de la Asamblea. En un Pleno compuesto por 151 asambleístas, el mínimo necesario ronda los 101 votos.

Eso significa que el desenlace exigirá un acuerdo transversal. Y, por tanto, convierte cada paso previo en potenciales mesas de negociación y cálculos de costos políticos y reputacionales.

Tres escenarios posibles:

Primero, la renuncia: cuando el costo reputacional es muy alto, el sistema suele preferir una salida antes de llegar al umbral de los 101 votos.

Segundo, un juicio que avanza con comparecencias y pruebas, pero se atasca en el Pleno: la Comisión puede producir un informe demoledor y aun así no alcanzar los dos tercios.

Tercero, el enfriamiento estratégico: el proceso se estira, el tema compite con otras urgencias y el expediente queda como amenaza latente, útil para disciplinar, negociar o redistribuir poder.

Conclusión

El CAL ya dejó abierta la trocha. Lo que falta ver es si ese camino conduce a rendición de cuentas o a una coreografía más.

Si el juicio se usa para ajustar cuentas, la independencia judicial saldrá más herida que cualquier funcionario. Si se usa para esclarecer, con pruebas y responsabilidades, Ecuador podría ganar algo positivo, esto es, una señal infrecuente en el sentido de que el poder también puede ser fiscalizado cuando el poder se toca a sí mismo.