Profesor es condenado a 22 años de cárcel por violación en Cañar

Ana Lucía Freire
Un tribunal de garantías penales dictó una condena de 22 años de prisión contra un docente de Estudios Sociales por el delito de abuso sexual en escuelas, específicamente por la violación de una estudiante.
El Tribunal, tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, declaró a Paúl Enrique M. M. como autor penalmente responsable del delito cometido en perjuicio de una menor en la provincia de Cañar.
Manipulación y hostigamiento escolar
La investigación fiscal reveló que el agresor utilizó su posición de autoridad en el entorno educativo para someter a la víctima, quien al inicio de los hechos tenía 12 años.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía durante el juicio, el sentenciado condicionaba el desempeño académico de la estudiante para doblegar su voluntad.
Así, el docente asignaba calificaciones bajas de forma deliberada para ejercer presión sobre la adolescente, sometiéndola a actos de hostigamiento y tocamientos sexuales no consentidos.
Culminación del ciclo de abuso
Este ciclo de abuso culminó a finales de 2022, cuando la víctima, que ya contaba con 17 años, fue objeto de violación en un establecimiento hotelero ubicado en el cantón Cañar.
El caso fue procesado bajo el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla la pena máxima por este delito al considerar agravantes como la relación de poder, el deber de cuidado y la condición profesional del agresor en el ámbito educativo.
Material probatorio y reparación integral
Para lograr la sentencia condenatoria, la Fiscalía presentó un conjunto de pruebas testimoniales, periciales y documentales. Entre los elementos clave constaron el testimonio anticipado de la víctima, pericias médico-legales y una valoración psicológica forense que ratificó la veracidad del relato.
Además, se confirmó la existencia de sintomatología asociada a cuadros de depresión y ansiedad en la joven.
Pena y compensación económica
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el pago de una multa equivalente a 600 salarios básicos unificados (SBU) que equivalen a 289 200 dólares y fijó una reparación integral a favor de la víctima equivalente a 10 SBU, lo que representa 4 820 dólares.

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