Regreso a clases obliga a repensar movilidad quiteña

Cada regreso a clases vuelve a someter a Quito a una prueba conocida: más estudiantes en las calles, más viajes en horas pico, más vehículos alrededor de escuelas y colegios y una red vial que debe absorber, al mismo tiempo, trabajo, comercio y transporte público.

La ciudad ha aprendido algunas lecciones. La pregunta es si ha logrado convertirlas en una política permanente de movilidad.

El año lectivo 2026-2027 comenzará de forma escalonada desde el 1 de septiembre. En el sistema municipal, 27 500 estudiantes retornarán durante tres días.

Para acompañar ese movimiento, el Municipio de Quito anunció 586 agentes civiles de tránsito por turno, expresos escolares en Trolebús y Ecovía y señalización reforzada en 150 unidades educativas. Además, la velocidad máxima en zonas escolares es de 20 kilómetros por hora.

Son medidas razonables. También muestran que las autoridades conocen dónde aparecen las tensiones. El ingreso escalonado reduce una incorporación simultánea; los expresos ofrecen alternativas al vehículo particular; la señalización protege a peatones; y el despliegue de agentes permite intervenir puntos críticos.

Pero cada septiembre vuelve la misma pregunta: ¿qué ocurre después de la primera semana?

El retorno a clases debería funcionar como una prueba anual para revisar cómo se mueve Quito durante todo el año.

No basta con administrar unos días de congestión si los viajes continúan concentrándose en determinadas horas y corredores, si los entornos escolares vuelven a depender del automóvil o si una obra vial puede desordenar sectores completos por falta de información o coordinación.

Este 2026 existe además una dificultad adicional. Varias vías atraviesan procesos de rehabilitación. El Municipio de Quito afirma que ha coordinado cronogramas para mejorar los accesos antes del inicio de clases y reporta 74 kilómetros rehabilitados hasta julio. Aun así, intervenciones como las de la avenida 12 de Octubre o la Ruta Viva obligarán a vigilar desvíos, señalización y presencia efectiva de agentes.

La adaptación tampoco corresponde únicamente al Municipio de Quito. Empresas, instituciones y comercios podrían revisar horarios flexibles durante los primeros días, promover transporte compartido y reducir desplazamientos evitables. Una ciudad no gestiona su movilidad solo desde los semáforos.

Existe otro punto que merece atención: el transporte escolar. La AMT informó que más de 6 500 conductores de 93 operadoras recibieron capacitación y anunció controles sobre documentos habilitantes y condiciones del servicio. Es necesario verificar vehículos y permisos, pero también importa cómo se conduce y cómo se trata a niños y adolescentes. La calidad del transporte incluye seguridad física y trato respetuoso.

Quito ha acumulado herramientas. Lo que necesita ahora es medirlas: tiempos de viaje, siniestros, uso del transporte público, congestión alrededor de planteles y cumplimiento de velocidades.

No es una discusión nueva. En 2022, 2024 y 2025 el Municipio ya desplegó planes de señalización y retorno seguro. La continuidad demuestra aprendizaje institucional, pero también permite exigir resultados comparables, permanentes y públicos sobre aquello que mejora.

El regreso a clases no debería ser una emergencia previsible que se administra cada año. Debería ser el momento en que la ciudad comprueba qué aprendió y qué cambios logró mantener.

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