Toque de queda en Ecuador baja homicidios, pero expertos cuestionan su impacto real

El Gobierno de Ecuador presentó este miércoles 1 de abril de 2026 un balance sobre el toque de queda aplicado desde el 15 de marzo en cuatro provincias, en el que reportó una reducción del 28% en muertes violentas y más de 4 300 detenidos a escala nacional, mientras analistas en seguridad advierten que las cifras requieren mayor evaluación en el tiempo y no evidencian un debilitamiento estructural del crimen organizado.

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El boletín oficial detalla que entre marzo de 2025 y marzo de 2026 los homicidios intencionales bajaron un 28% en el país. El Gobierno atribuye este resultado a la intervención focalizada en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, con presencia sostenida de Policía y Fuerzas Armadas.

Además, las autoridades informaron sobre más de 4 300 personas detenidas, 2 200 allanamientos ejecutados y la captura de un cabecilla financista. También reportaron la neutralización de tres objetivos de alto valor y la detención de 19 personas vinculadas a estructuras armadas.

El Ejecutivo sostiene que estas acciones golpearon a grupos como Los Lobos, Los Tiguerones, Las Águilas y Los Fatales, lo que, según el informe, redujo su capacidad operativa en zonas estratégicas.

Expertos advierten que la reducción del crimen puede ser parcial

Hernán Moreano, experto en seguridad, sostiene que existe una ligera reducción del crimen en las provincias intervenidas debido a la presencia de las fuerzas del orden. Sin embargo, indica que este efecto responde a un cambio en el comportamiento de las organizaciones criminales.

Explica que los grupos pueden migrar hacia otras provincias o mantener un perfil bajo en territorios con alta presencia estatal. En su análisis, este comportamiento limita el alcance real de la medida.

También señala que, aunque se registran miles de detenidos, no existe información clara sobre las razones de las aprehensiones ni sobre cuántos casos avanzaron en procesos judiciales.

Detenciones masivas sin claridad sobre judicialización

Moreano cuestiona la falta de detalle sobre el destino de las más de 4 000 personas detenidas. Indica que no se conoce cuántas fueron procesadas ni cuántas recuperaron su libertad.

Plantea la necesidad de diferenciar entre detenciones por delitos graves y aquellas vinculadas al incumplimiento del toque de queda. Considera que esta distinción resulta clave para evaluar el impacto real de la política.

También advierte que el aumento de detenciones sin información sobre judicialización dificulta medir si el sistema de justicia logra sostener las acciones operativas.

Bajo número de objetivos de alto valor genera dudas sobre impacto

Jean Paul Pinto, experto en seguridad, señala que el porcentaje de objetivos relevantes frente al total de detenidos no supera el 2%, lo que, en su criterio, evidencia un bajo nivel de efectividad estratégica.

Los expertos coinciden en que el número de capturas de alto valor resulta limitado frente al total de operativos. Moreano menciona que apenas seis personas de alto valor figuran entre los resultados.

Ambos analistas sostienen que la falta de golpes directos a las estructuras criminales reduce el impacto de las intervenciones en el mediano plazo.

Lea más: Muertes violentas bajan 28% en Ecuador tras toque de queda, según el Gobierno

Estrategia operativa sin evidencia de inteligencia estructural

Moreano afirma que no existe evidencia de un trabajo sostenido de inteligencia policial orientado a ubicar cabecillas. Señala que las acciones se centran en decomisos y operativos visibles.

En su análisis, estas acciones responden a la presión por mostrar resultados inmediatos, más que a una estrategia integral de desarticulación de redes criminales.

Añade que la política de seguridad no incorpora medidas para fortalecer la economía legal ni reducir factores como el desempleo, que influyen en la expansión de las bandas.

Expertos ven riesgo de migración del delito a otras provincias

Moreano advierte que la intervención en cuatro provincias puede provocar el traslado de actividades criminales hacia otras zonas del país. Señala que los grupos buscan evadir el control estatal.

Pinto también cuestiona la selección de territorios intervenidos. Indica que provincias como Manabí concentran altos niveles de violencia y no forman parte del esquema del toque de queda.

Ambos coinciden en que la focalización territorial requiere criterios claros y cobertura más amplia para evitar reconfiguraciones del crimen.

Resultados requieren evaluación en el mediano plazo

Pinto sostiene que los resultados no pueden evaluarse en periodos cortos. Indica que una reducción de la violencia durante semanas no refleja cambios estructurales.

Plantea que el análisis debe realizarse en al menos seis meses para determinar si las cifras se sostienen. En su criterio, las variaciones de corto plazo no permiten conclusiones definitivas.

Moreano coincide en que resulta prematuro valorar el impacto sin conocer cuántos cabecillas fueron capturados y procesados judicialmente.

Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes como indicador clave

Pinto señala que el indicador principal para medir la seguridad es la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes. Explica que este estándar permite comparaciones internacionales.

Afirma que la cantidad de operativos o detenciones no refleja por sí sola el impacto real en la violencia. En su análisis, el descenso sostenido de esta tasa marcaría un cambio estructural.

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Añade que, si este indicador no se reduce de forma consistente, las acciones estatales no lograrán modificar la dinámica del crimen.

Falta de política integral limita efectos del toque de queda

Moreano considera que el toque de queda constituye una medida de corto plazo que no resuelve las causas estructurales de la violencia. Señala que no se requiere ampliar este tipo de restricciones.

Explica que el país necesita una estrategia integral que identifique cabecillas, debilite redes criminales y fortalezca la institucionalidad en las provincias más afectadas.

También advierte que la falta de políticas de rehabilitación social y el problema del hacinamiento carcelario limitan el impacto de las acciones de seguridad en el largo plazo.

Información extra: Toque de queda

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