Contra el ecosistema clandestino de los GDO

Hay cifras que muestran cómo el Estado se va en contra de los grupos ilegales dicen mucho. 1 119 campamentos de minería ilegal destruidos, 590 retroexcavadoras y 395 dragas inutilizadas, 1 748 bocaminas intervenidas y 1 786 personas aprehendidas en 800 operativos. El Ejecutivo calcula en más de 4 659 millones de dólares el perjuicio ocasionado a las economías ilícitas.

Es fácil mirar estos números únicamente como parte de la narrativa gubernamental sobre la guerra contra el crimen organizado. Pero sería un error minimizar lo que representan. La minería ilegal dejó hace tiempo de ser solamente un problema ambiental o una actividad económica clandestina. En determinados territorios se convirtió en una pieza del ecosistema financiero de organizaciones criminales.

‘Cuando el Estado destruye esa infraestructura no está atacando únicamente una mina: está golpeando una cadena económica que permite a organizaciones criminales comprar armas, pagar colaboradores y controlar territorios’.

Una retroexcavadora trabajando ilegalmente no es solo una máquina removiendo tierra. A su alrededor pueden existir combustible, transporte, procesamiento de mineral, compradores, protección armada, lavado de dinero y corrupción. Cuando el Estado destruye esa infraestructura no está atacando únicamente una mina: está golpeando una cadena económica que permite a organizaciones criminales comprar armas, pagar colaboradores y controlar territorios.

Y allí probablemente está el mayor valor de esta política. Durante años hemos hablado de combatir al crimen organizado concentrándonos en su expresión más visible: sicarios, asesinatos, extorsiones, cárceles o toneladas de droga decomisadas. Pero las organizaciones criminales también son empresas. Necesitan dinero. Necesitan logística. Necesitan territorios donde el Estado tenga poca capacidad para imponer sus reglas.

Por eso resulta relevante intervenir en aquellos lugares donde la minería ilegal terminó convirtiéndose en una economía paralela capaz de someter comunidades enteras. Recuperar esos espacios significa algo más que destruir maquinaria. Significa disputarles a los grupos criminales aquello que más necesitan: territorio, recursos y población bajo su influencia.

Hay además una dimensión que suele quedar relegada frente a las cifras de seguridad. Cuando desaparece una explotación ilegal también existe la posibilidad de detener la contaminación de ríos, reducir la destrucción de bosques y liberar a poblaciones rurales de estructuras que mezclan empleo informal, intimidación y violencia.

Destruir campamentos es apenas la primera mitad de la tarea. La pregunta decisiva comienza cuando los militares y policías abandonan el lugar. ¿Quién ocupa ese territorio al día siguiente? Si después del operativo no llegan instituciones, servicios públicos, oportunidades económicas y controles permanentes, la estructura criminal tiene todos los incentivos para regresar. Puede perder una retroexcavadora hoy y conseguir otra mañana.

El Estado necesita convertir cada operación de seguridad en una operación de recuperación territorial. Después de las Fuerzas Armadas deberían entrar otras instituciones: autoridades ambientales, gobiernos locales, educación, salud, infraestructura y programas productivos. Una comunidad no puede quedar obligada a escoger entre pobreza y economía ilegal.

Los resultados presentados por el Ejecutivo muestran una dirección que merece ser reconocida: atacar las finanzas criminales y no solamente perseguir sus consecuencias. Golpear el bolsillo de las mafias puede resultar mucho más efectivo que limitarse a detener a quienes ocupan los últimos escalones de sus estructuras.