Educar en prisión también es seguridad para Ecuador

Ecuador discute la crisis carcelaria casi exclusivamente desde la violencia. Masacres, bandas, control territorial y estados de excepción dominan la conversación pública. Pero hay una dimensión menos visible -y no menos decisiva- que sigue en segundo plano: ¿Qué ocurre con la educación de quienes hoy están privados de libertad y mañana volverán a la sociedad?

Un análisis de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), basado en el Censo Penitenciario 2022, aporta una pista para el debate público. Los internos más jóvenes –Millennials y Generación Z– muestran una mayor probabilidad de participar en procesos educativos dentro de prisión.

Los jóvenes nacidos entre 1981 y 2010 están motivados por la posibilidad de reinserción y mejora de sus perfiles laborales. Esto es cálculo racional frente a un futuro incierto.

El dato rompe un prejuicio persistente. La educación en prisión suele verse como privilegio inmerecido o política blanda frente al delito.

Sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario: allí donde existe una expectativa de futuro, el aula se convierte en una herramienta de orden, de disciplina y de proyección social. No educar en prisión no endurece al sistema; lo debilita.

La estructura educativa del sistema penitenciario ecuatoriano revela una brecha profunda. La mayoría de las personas privadas de libertad no supera la educación básica o media, y el acceso a estudios superiores es marginal.

El principal cuello de botella no está en la universidad, sino mucho antes: en completar el bachillerato, umbral mínimo para cualquier inserción laboral formal. Ignorar este punto es condenar a miles de personas a salir con el mismo rezago con el que entraron, o peor.

El análisis de la EPN también muestra que no todos los internos enfrentan el encierro del mismo modo. Las generaciones mayores participan menos en educación, arrastradas por problemas de salud, desgaste emocional o la percepción de que estudiar ya no altera su horizonte vital.

Las mujeres y las minorías étnicas, en cambio, aunque son numéricamente menos, muestran mayor compromiso educativo, usando el aula como espacio de reconstrucción personal y familiar. Estas diferencias importan porque obligan a abandonar políticas uniformes que no reconocen trayectorias ni necesidades distintas.

Hay, además, factores estructurales que conspiran contra cualquier esfuerzo educativo. Los traslados frecuentes entre centros penitenciarios interrumpen procesos de aprendizaje, rompen rutinas y debilitan los vínculos familiares que sostienen la motivación.

Cada traslado no es solo un movimiento administrativo: es una fractura en la posibilidad de continuidad. Si el Estado no logra garantizar estabilidad mínima para estudiar, difícilmente podrá exigir resultados.

Persistir en una lógica exclusivamente punitiva tiene costos que suelen omitirse del debate. Sin educación ni certificaciones, la reincidencia se vuelve más probable. Sin aulas activas, la convivencia intramuros se deteriora y el control informal de las bandas se fortalece.

Y, quizá lo más grave, el país desperdicia a una generación joven que, con más del 80% del sistema penitenciario concentrado en Millennials y Gen Z, sigue estando en edad productiva.

Educar en prisión también es una decisión de seguridad pública, de política social y de racionalidad económica. La pregunta de fondo no es si el Estado puede permitirse invertir en educación penitenciaria, sino si puede darse el lujo de no hacerlo.

Cuando la cárcel solo encierra y no transforma, el problema no queda entre rejas: regresa a la calle. Y Ecuador ya pagó caro por ignorar esa lección.